Reforma al Código Penal: impulsan modificaciones en Diputados. Amplían la concepción de "riesgo materno" y autorizan a médicos a tomar decisión sin que medie un juez
Velado por temas como el debate de la AFJP en senado y diputados, y la crisis financiera y económica mundial, se tratan en la Cámara de Diputados de la Nación y a toda velocidad una serie de modificaciones en el Código Penal tendientes a ampliar los casos de aborto no punible y a eliminar la obligatoriedad de una denuncia judicial para decidir la interrupción del embarazo como consecuencia de una violación.
Las comisiones de Legislación Penal y de Familia de la Cámara de Diputados discutieron durante la semana pasada a nivel de asesores, el proyecto presentado por las diputadas kirchneristas por Buenos Aires, Nora César y Juliana Di Tulio. En la propuesta se modifica el artículo 86 del Código Penal en lo que se refiere a los casos de aborto no punible, hoy delimitado a los de violación contra una "mujer idiota o demente".
En el artículo 1° del nuevo proyecto, que obtuvo preferencia para su tratamiento en el recinto con despacho de comisión, se autoriza la realización del aborto "con el fin de evitar un peligro para la salud o la vida de la mujer". Se omitió así el párrafo siguiente, hoy en vigor, que no castiga la operación "si ese peligro no puede ser evitado por otros medios". Según la diputada Pro por Capital Federal, Cynthia Hotton, "al eliminar ese párrafo, se habilitaría el aborto aun existiendo otras alternativas".
En el artículo 4, el proyecto establece que si el embarazo fuera producto de una violación "no podrá exigirse denuncia penal para comprobar la relación sexual no consentida" y tampoco "se podrá exigir autorización judicial para realizar el aborto" cuando se trate de los casos no punibles, según el Código Penal.
En los considerandos del proyecto, Di Tulio y César niegan que se esté frente a una ampliación de los permisos para abortar, aunque afirman: "Si le exigiéramos a la mujer una denuncia penal de su violación para poder abortar, la obligaríamos a judicializar una situación fáctica cuando, en realidad, puede optar por no habilitar a la Justicia a que investigue, sin perjuicio de lo cual no debe perder su derecho de abortar. Denunciar y abortar no van de la mano, son cuestiones independientes" expresaron las legisladoras.
Es conocida pública y mediáticamente, la postura de las iglesias que nuclea la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA, que en varias oportunidades ha expresado que con estas modificaciones se establece un peligroso precedente: se estaría dejando la decisión de abortar a la sola manifestación de la embarazada.
Además, no se puede prohibir la actuación de la Justicia, que determina las causales de exculpación. Hay que partir de que el aborto es un delito y que algunos artículos de este proyecto son disculpas a la eventual sanción para los médicos que los realicen.
El proyecto tiene amplio consenso en bancadas opositoras, como la Coalición Cívica, la UCR y el socialismo.
Recordamos que la Señora Presidenta Cristina Fernandez ha manifestado su postura ante el aborto, su profunda convicción contraria al mismo y es de esperar responda a la propuesta legislativa con su veto, como lo ha sugerido en varias oportunidades.
ACIERA ha declarado públicamente que la vida es el don más grande dado por Dios a los hombres. Solo el Creador puede otorgarla o quitarla, por lo tanto el aborto practicado en todas sus formas (quirúrgico o químico) es un pecado contrario a la ley natural, y fundamentalmente a la ley de Dios. Siendo estos, solo algunos de los puntos del manifiesto de ACIERA, por lo que remitimos al documento completo para poder apreciar la postura moral, ética, teológica, pastoral y social de la entidad.
FUENTE: ACIERA
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